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BOLETÍN DE NOTICIAS 20 DE JUNIO DE 2011
EL TIEMPO
REFORMA DE LA JUSTICIA, PRIORIDAD EN LA NUEVA AGENDA LEGISLATIVA
Casi veinte iniciativas radicará el Gobierno en el Congreso para la nueva legislatura.
El 20 de julio se radicarán casi veinte proyectos. El reto será igual al del periodo que termina.
El Congreso de la República, que termina hoy la legislatura 2010-2011, regresará a sesiones el próximo 20 de julio con el reto de no bajar la guardia luego de su exitoso trabajo de los últimos diez meses.
Aunque ya aprobó iniciativas claves como la ley de víctimas, la reforma de las regalías y la ley de seguridad ciudadana, la agenda que se viene para el próximo periodo será igualmente importante.
"La reforma de la Justicia, la reforma de las corporaciones autónomas regionales (CAR) y la ley de educación superior serán el legado más importante de la segunda legislatura que, sin duda, será tan productiva como la primera", dijo Germán Chica, alto consejero para Asuntos Políticos, quien subrayó que "las responsabilidades de la mesa de Unidad Nacional no han terminado".
La agenda que el Gobierno le presentará al Legislativo también la integran la reglamentación de la ley de regalías, el Código de Convivencia, una nueva reforma política y un paquete social que busca dar cuerpo institucional a programas como Familias en Acción.
Armando Benedetti, presidente saliente del Congreso, explicó el alcance de varias de las iniciativas. Dijo, por ejemplo, que con la reforma de la Justicia se busca "celeridad en el servicio al ciudadano de a pie", la introducción de figuras como la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, la creación de un tribunal para magistrados y una profunda reforma de la Comisión de Acusación.
Todas ya se están concertando entre el Gobierno, su coalición en el Congreso -integrada por los partidos de 'la U', Liberal, Conservador y Cambio Radical- y las diferentes instancias involucradas.
El pasado viernes, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con la mesa de Unidad Nacional para hacer un balance de la legislatura que termina y revisar la nueva agenda.
Allí aprovechó para pedirles a sus partidos "tener la madurez suficiente" para hacer frente a uno de los grandes retos que tendrá la coalición este semeste: mantenerse unida a nivel nacional aun cuando sus integrantes se enfrenten en las elecciones locales y regionales de octubre.
Chica es optimista en ese frente. "El éxito legislativo de la Unidad Nacional lo premiarán los ciudadanos en las urnas. La Unidad Nacional será la gran ganadora en estas elecciones", dijo.
Juan Lozano, jefe de 'la U', también le dio una lectura positiva. "Gracias al liderazgo personal del presidente Santos, la Unidad Nacional ha funcionado y seguirá funcionando muy bien", aseguró.
Reforma de la Justicia, prioridad
Desde hace casi seis meses, el Gobierno se sentó con las altas cortes para consensuar el texto de esta iniciativa que, además de buscar la descongestión del sistema de justicia, pretende ajustar temas que han generado polémica y enfrentamiento entre los poderes en los últimos años. Se destacan puntos como la doble instancia en el juzgamiento de congresistas, la posibilidad de acabar con el Consejo Superior de la Judicatura, la eventual creación de una instancia que se encargue de la investigación y juzgamiento de magistrados y que haga funcional la Comisión de Acusación de la Cámara. La semana pasada, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que se hará lo posible por alcanzar consensos en torno al texto del proyecto, pero que si eso no se logra, será el Congreso, "quien realmente representa al pueblo", el que tenga la última palabra.
Habrá un reajuste de fondo en las CAR
El Gobierno lleva dos meses socializando esta iniciativa, con la que se busca acabar las deficiencias en el funcionamiento de las corporaciones autónomas regionales. Habrá cambios tanto en su estructura interna como en las funciones que desarrollan en materia de política ambiental. El Gobierno intentó hacer esta reforma constitucional al amparo de la emergencia decretada para hacer frente al invierno, pero la Corte tumbó el decreto.
Nuevo paso para distribuir regalías
Quién y cómo se administrarán los recursos que hacen parte del Sistema General de Regalías, cuál debe ser la distribución de dichos dineros (ahorro y estabilización, ahorro pensional, ciencia, tecnología...) y quién puede beneficiarse de esas partidas, así como cuál va a ser la conformación y operatividad de los órganos colegiados de administración, son algunos puntos que contempla esta reglamentación.
Otras iniciativas que están en la agenda para la próxima legislatura
1- Reforma política. Crea reglas para fortalecer la institucionalidad de los partidos. Se incluirían medidas relacionadas con la confección de listas y reformas de las circunscripciones electorales.
2- Reforma de la educación. Se busca aumentar la cobertura y mejorar la calidad. Mediante convenios, las universidades públicas podrían aceptar inversión privada, sin que suponga privatizar.
3- También llegan proyectos como el Código de Convivencia, reforma del Código Electoral, marco legal para la paz, ley de presupuesto 2012 y reglamentación del proyecto que acabó la CNTV.
4- Y seguirán su trámite iniciativas como el código general del proceso, el estatuto arbitral, los códigos de régimen municipal y departamental, el código penitenciario y el código electoral.
Partidos alistan sus propios proyectos
Aparte de la agenda propuesta por el Gobierno, varios partidos alistan desde ya sus agendas. 'La U', por ejemplo, impulsará una iniciativa para combatir el microtráfico de droga y proyectos para proteger becas-crédito e introducir tasas de interés del cero por ciento para créditos de educación.
El liberalismo promoverá el ajuste del sistema de pesos y contrapesos tras la introducción de la figura de la reelección presidencial.
Y el Partido Verde impulsará iniciativas a favor del reciclaje, de la reforma de la Comisión de Acusación y de los derechos de los animales, al tiempo que seguirá promoviendo el referendo de cadena perpetua para violadores de menores.
Corzo y Gaviria serían los presidentes
Juan Manuel Corzo (conservador) y Simón Gaviria (liberal) se perfilan, según lo acordado por la Unidad Nacional, como los próximos presidentes de Senado y Cámara, respectivamente.
Los dos se han reunido con las distintas bancadas para asegurar los apoyos.
"El doctor Corzo ha dialogado con las fuerzas políticas y estoy seguro de que se honrará el acuerdo", dijo el jefe del conservatismo, José Darío Salazar.
Gaviria, por su parte, recibió el apoyo casi unánime de sus colegas. En los debates finales de la legislatura, el presidente de la Cámara, Carlos Alberto Zuluaga, llamaba amistosamente a Gaviria "presidente".
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 CONSAGRÓ LA ACCIÓN DE TUTELA
Por: JUAN CARLOS ESGUERRA PORTOCARRERO
La Constitución consagró la tutela como instrumento de protección de los derechos fundamentales.
Es el instrumento de la Constitución más utilizado por los ciudadanos para defender sus derechos.
Ha soportado ligeros embates, pero ha sobrevivido gracias a su propia fuerza.
Con todo y que han transcurrido ya 20 años de vigencia de la Constitución de 1991, y que sus enormes méritos y el camino recorrido han propiciado ampliamente su conocimiento integral por los colombianos, sigue siendo tan cierto como al cabo del primer año que para buena parte de la población ella no significó más que la tutela.
Por supuesto, se trata de una apreciación errada. Ante todo, porque es casi tanto como decir que la acción de tutela es la 'panacea universal', aquel célebre remedio para todos los males que tanto buscaron los alquimistas. Además, y con no menor importancia, porque implica desconocer en materia grave el hondo significado que tienen y el papel que han venido jugando otras muchas instituciones y otros muchos conceptos que trajo consigo la Carta Política de 1991.
Lo que sí puede decirse con razón es que la tutela es una muy afortunada síntesis de lo mejor de esa Constitución: de los valores y principios cardinales que ella izó; de su visión más profunda, pero, a la vez, más descomplicada de la sociedad, el individuo y el Estado; de su rotunda toma de partido por la persona humana y por su dignidad; de su compromiso con la causa de la "verdad verdad" de los derechos de la gente; de su preocupación por el control efectivo de los excesos, de las arbitrariedades, de las inercias y de las indolencias del poder; de su opción por lo real sobre lo formal; de su decidida cruzada por la inclusión y la protección del más débil. En fin, de la que en una palabra podría llamarse la ética de la Constitución de 1991.
En ese contexto, tanto la definición misma de la tutela como cada una de sus características resultan particularmente elocuentes. Aquella señala, con bellísima sencillez, que la tutela es un instrumento de protección de los derechos fundamentales del que cualquier persona puede hacer uso en cualquier tiempo, en cualquier lugar y ante cualquier juez. Estas destacan su diseño y su modo de operación infinitamente amables, rápidos y simples, cuando disponen que su trámite siempre tendrá prelación y será descomplicado y expedito, que la demanda podrá ser interpuesta por el interesado mismo o por cualquier persona en su nombre -un pariente, un amigo, un vecino, una maestra o simplemente un 'buen samaritano'-, que no se requiere de abogado y que la decisión se adoptará en un término máximo de 10 días y será de inmediato cumplimiento.
A renglón seguido, el propio Constituyente consagró algunas ineludibles precisiones y limitaciones orientadas a hacer realmente eficaz la tutela y a reducir en lo posible los riesgos de congestión judicial o de "choques de trenes" a los que previsiblemente habrían de dar lugar tanto su uso como su abuso, inducidos por el conjunto de los evidentes atractivos y bondades mencionados. Especialmente, teniendo en cuenta las experiencias de países semejantes al nuestro, en los que la adopción de una figura equivalente, casi siempre bajo el nombre de amparo, con frecuencia terminó generando tantos problemas como soluciones.
Con tal propósito, es decir, con la idea de proteger la tutela de sí misma, buscando prevenir el peligro de que terminara desbordándose o viéndose afectada de hipertrofia, con la consiguiente frustración de su objetivo fundamental de poner la justicia al alcance del ciudadano del común, estableció perentoriamente que ella solo podría utilizarse a falta de otro medio de defensa judicial o, si lo hubiere, con el solo fin de evitar un perjuicio irremediable. Pues bien, basta con una ojeada retrospectiva a lo acontecido con la tutela en el curso de estos 20 años para concluir que, por donde se la mire, con ella el Constituyente dio en el clavo. No ya solo porque, según las estadísticas, en ese período se han tramitado y resuelto más de tres millones. Además porque, también según las estadísticas, en la gran mayoría han sido casos que por otro camino no se habrían solucionado, o que, con toda probabilidad, no se habrían resuelto aún -suponiendo que el interesado hubiera tenido la opción de otro camino-. Porque la verdad es que las tutelas siempre han sido decididas en el curso de, a lo sumo, unas pocas semanas, y no a la velocidad de crucero de nuestros procesos ordinarios, que casi sin excepción tardan de cinco años para arriba. Y la verdad es también que no pocas veces la tutela es el único camino al alcance del interesado.
Y, por supuesto, huelgan las consideraciones sobre lo que, en materia de su aspiración de justicia, de realidad de su derecho, de su confianza en el imperio de la ley y en la efectividad del Estado, incluso de su propia autoestima como persona y como parte integrante de la sociedad, significan para cualquiera que su caso -en el que tanto va envuelto- sea decidido cuando duele y no cuando ya prácticamente ha perdido toda esperanza.
Lo que es más importante, muchos, muchísimos, probablemente la gran mayoría, han sido los casos en los que quien ha ejercido la tutela o aquellas personas en cuyo nombre ella se ha demandado han sido hombres, mujeres y niños del común, para quienes los derechos fundamentales afirmados, reconocidos y garantizados en la Constitución, a lo largo de todas las constituciones solo habían sido letra muerta, vanas promesas de campaña, quimeras y mentiras. Y, desde luego, muchos más han sido los casos de los derechos que jamás habían sido reconocidos porque ni siquiera estaban consagrados como tales en nuestro sistema jurídico, que apenas los consideraba simples anhelos para mañana, y que hoy son realidades tangibles a través de la tutela por el camino de su "conexidad" con los derechos fundamentales o por el de la llamada "fundamentalización" de los derechos sociales y económicos.
Que ha habido errores, no hay duda. Que ha habido excesos, no hay duda. Que ha habido abusos, no hay duda. ¡Pero que no la haya tampoco, porque no puede haberla, de que el balance de estos 20 años de la tutela ha sido abrumadoramente favorable en el proceso de hacer realidad el Estado social de derecho por el que, con tanta ilusión, Colombia decidió jugársela en 1991!
LAS BATALLAS QUE HAN FORTALECIDO LA CONSTITUCIÓN
Luego de contribuir a la creación de la Carta, Cepeda fue elegido miembro de la Corte Constitucional
Año tras año, y a pesar de las contrarreformas, la Carta de 1991 ha demostrado su intemporalidad.
Los derechos fundamentales conquistaron a los ciudadanos.
La Constitución de 1991 cumple veinte años. En dos décadas creció: pasó de ser un documento escrito para transformarse en un cuerpo viviente, sujeto de cariño de los colombianos que viven protegidos bajo su amparo. No obstante, ha sido tan querida por unos como desafiada por otros. Aunque fue un tratado de paz, ha tenido que afrontar varias batallas. Las ha ganado casi todas. Su base de apoyo social y político se ha ampliado. Por eso, conmemorar sus primeros veinte años, es también celebrar que la Constitución de 1991 ha echado raíces profundas en nuestra realidad nacional. Estas son las principales batallas que ha librado la Carta del 91.
El escepticismo fue su primer enemigo. Osaron pronosticar que sería otra reforma más, que los derechos eran declaraciones retóricas, y que la frustración del pueblo lo conduciría a anhelar regresar al orden constitucional de 1886. Sucedió exactamente lo contrario. Gracias a la acción de tutela, desde sus primeros años, los derechos empezaron a transformar la realidad cotidiana. A la fecha, se han presentado más de 3 millones de tutelas. Entre más se usa la tutela, la gente más la quiere y más cree en que la Constitución de 1991: sí sirve, sí cambia sus vidas, sí garantiza sus derechos.
La transformación ha sido tan grande que los escépticos preguntaban para qué tantos derechos. Hoy en silencio piensan: qué vamos a hacer frente a todos estos derechos que están limitando nuestro poder, creando obligaciones, reconociendo la diversidad, despertando una conciencia altiva en ciudadanos que no se contentan con dádivas sino que reclaman su cumplimiento. Hay partes de la Constitución que no han sido desarrolladas. Pero la más importante, la Carta de Derechos, produjo el más profundo "revolcón".
El contra-reformismo ha sido un adversario perseverante. Distingamos. Algunas reformas constitucionales han revivido privilegios. La mayoría forman parte de la continuación de un proyecto transformador o buscan ajustar el rumbo. Ninguna reforma constitucional le ha quebrado una vértebra a la Carta del 91. Las que lo intentaron, fueron declaradas inconstitucionales en buena hora por la Corte Constitucional, como la segunda reelección presidencial. Esto no significa que la Constitución no pueda ser objeto de grandes reformas. La primera reelección lo fue. La Carta del 91 superó la llamada "sociedad bloqueada". En ese espíritu, previó mecanismos para su propia reforma y así mantener la sintonía entre la Constitución y las necesidades y expectativas de la sociedad.
El tercer reto fue el de las crisis. La Constitución logró navegar en medio de las más variadas e inesperadas tormentas. Zarpó en un contexto de narcoterrorismo. El narcotráfico sigue, pero los grandes carteles que amenazaban al Estado se acabaron y la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía, se ha ganado un gran respeto.
Luego vino el tsunami del proceso 8000. Los acalorados debates en medio de la más aguda polarización, se resolvieron bajo la égida de la Carta. Vencedores y vencidos se sometieron a los resultados y aceptaron los veredictos de la Corte Constitucional. Después llegaron los tiempos del Caguán y de la recesión económica. Muchos trataron de culpar a la Constitución, pero pronto quedó en evidencia que la habían tomado de chivo expiatorio. Luego, vino el proceso de reinserción de los paramilitares -acotado por la Corte Constitucional al juzgar la Ley de Justicia y Paz para evitar la desprotección de los derechos de las víctimas- acompañado de los procesos llamados de la parapolítica -dirigidos por la Corte Suprema de Justicia-. De nuevo, los veredictos judiciales fueron acatados, lo que demuestra la legitimidad de las altas cortes, que orientan una administración de justicia robustecida desde 1991.
El cuarto desafío parecía insuperable. Se insistía en que la Constitución hacía ingobernable a Colombia y que el Ejecutivo había sido debilitado mientras que los problemas de orden público aconsejaban fortalecerlo. Esta crítica seguramente le parece hoy descabellada a cualquier joven que haya alcanzado la mayoría de edad bajo el gobierno de la seguridad democrática.
Probablemente ha escuchado lo contrario: es necesario fortalecer el Congreso en sus relaciones con el Presidente, darle garantías a la oposición y buscar un reequilibrio de poderes. Lo que es más importante: hoy nadie añora un país gobernado por decretos presidenciales de estado de sitio.
Una abrumadora mayoría estima que la Constitución dejó sin piso ni justificación alguna la lucha guerrillera. Además, bajo la Carta del 91, la fuerza pública no solo ha obtenido los éxitos militares y policiales más grandes de su historia, sino que ha reconocido que su fortaleza también reside en la legitimidad de sus acciones.
El quinto reto ha sido cómo armonizar dos restricciones: las constitucionales y las presupuestales. En el camino han quedado atrás fórmulas inapropiadas. Pocos insisten en no proteger los derechos que sean costosos, como los derechos sociales, porque en realidad todos los derechos cuestan, inclusive garantizar la libertad de circulación por el territorio nacional.
Los fallos judiciales han encontrado maneras de valorar su impacto económico, dándoles al Congreso y al Ejecutivo plazos razonables para responder. También, han propiciado que se avance gradualmente en la protección de derechos que exigen un alto gasto público, como los derechos de los desplazados, el derecho a la salud y el derecho a la educación.
El Congreso recientemente reorientó la inclusión del criterio de la sostenibilidad fiscal en la Constitución, indicando que ese concepto no puede interpretarse para menoscabar los derechos, reducir su alcance o impedir su aplicación en casos concretos; tampoco autoriza a los jueces recortar un rubro presupuestal para incrementar otro.
Habrá más batallas. Es normal en un país signado por las turbulencias. Deben recibirse sin triunfalismos y con la confianza de constatar que con cada batalla, la Constitución no se destruye sino que se fortalece (parafraseando a Nietzsche).
La Corte Constitucional, cada día con mayor prestigio, ha sido su guardián ejemplar. Su jurisprudencia nos invita a que todos contribuyamos al desarrollo de la obra de construcción colectiva, progresista y democrática más importante del último siglo.
Arquitecto de la Carta
Manuel José Cepeda fue uno de los arquitectos de la Constitución de 1991. Con el entonces presidente César Gaviria y su ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, abrieron el camino y echaron a rodar la nueva Carta de 1991.
EL CONGRESO ECHÓ A UNA MUJER EMBARAZADA
Llevaba casi 12 años trabajando para esta entidad cuando salió.
Tener ocho meses de embarazo y llevar cerca de 12 años de trabajo continuo en el Congreso no fueron argumentos suficientes para evitar que la Dirección Administrativa del Senado echara, literalmente, a Camila* de su puesto como asesora de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces senador Gabriel Acosta.
En horas de la mañana del primero de septiembre del 2005, llegó a manos de Camila la Resolución 1717 de la misma fecha, en la cual se le declaraba insubsistente, por lo que debía abandonar el cargo de libre nombramiento y remoción que ostentaba.
En esa resolución, la Dirección Administrativa del Senado, manejada en el 2005 por Selma Samur, no tomó en cuenta que Camila había informado el 11 de julio del mismo año que estaba embarazada. Por eso ella demandó al Congreso ante organismos judiciales, los cuales aceptaron sus argumentos, en dos instancias, de que no podía ser despedida por estar embarazada.
Los fallos llegaron a la actual Dirección Administrativa del Senado, en cabeza de Ómar Velásquez, quien confirmó que se pagarán cerca de 480 millones de pesos de indemnización.
Este domingo, cuando su hijo va a cumplir 6 años, Camila asegura: "No voy a volver al Congreso porque me hicieron mucho daño".
SIN CONSENSO, SERÁ CONGRESO EL QUE RESOLVERÁ LA REFORMA A LA JUSTICIA
Así lo dejó claro este viernes el presidente Juan Manuel Santos.
Santos planteó que si no hay consenso con las cortes en reforma la Justicia, el asunto lo dirimirá el Congreso.
El mandatario reiteró que "en la medida de lo posible" se buscará concertar y consensuar con las cortes dicha reforma que se presentará al legislativo después del 20 de julio.
Dijo que como es natural los consensos en ocasiones son difíciles de alcanzar, sobre todo cuando hay diferencias profundas en la forma de ver ciertos aspectos del funcionamiento de la democracia.
"Y es al Congreso de la República (...) a quien le corresponde dirimir esas diferencias. Esa es una responsabilidad que el Congreso tiene que asumir y esperamos que lo asuma con total responsabilidad en la próxima legislatura", dijo el Presidente.
ESTUDIAN REFORMA DE LA COMISIÓN DE ACUSACIÓN
El ex presidente Uribe, en la audiencia del jueves, con ex ministros y políticos amigos.
Ministro del Interior dice que en el proyecto de reforma de la justicia se puede modificar.
La Comisión de Acusación de la Cámara podría tener sus días contados. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, afirmó ayer que el Gobierno es "consciente" de que hay que modificarla, y que el proyecto de reforma de la justicia sería un buen camino.
Tras el aplazamiento de la accidentada versión libre que el pasado jueves iba a rendir el ex presidente Álvaro Uribe, en la investigación por las 'chuzadas', la existencia de esa célula congresional fue puesta de nuevo en entredicho, debido a los pobres resultados.
Según Vargas Lleras, hay "1.100 expedientes pendientes de instrucción".
El Ministro planteó que en la reforma de la justicia, que se presentará al Congreso el 20 de julio, podría modificarse el mecanismo para juzgar al Presidente, a ex presidentes, al Fiscal General y a los magistrados de las altas cortes.
"La idea es que la Cámara designe agentes instructores por un periodo fijo, con la calidad de magistrados, que estén amparados con un fuero que les permita instruir esos procesos.
Posteriormente, las plenarias de Cámara y Senado surtirán la instancia de acusación y juzgamiento", explicó.
Analistas políticos coincidieron con Vargas en la necesidad de hacer una reingeniería a la Comisión de Acusación.
Jaime Castro, ex ministro de Gobierno, dijo que el Congreso no debe asumir funciones judiciales. "Ese sistema es absurdo. Es un remedo de justicia. Los parlamentarios no tienen la serenidad, la prudencia ni la discreción de un magistrado para juzgar estos hechos", afirmó.
El ex ministro propuso "crear una corte especial que juzgue al Presidente y a los funcionarios que juzga la Comisión. No tendría que ser un organismo permanente. Cuando haya una causa penal contra un presidente, que lo juzgue un tribunal ad hoc, conformado por los presidentes de las altas cortes".
Jairo Libreros, analista político, afirmó que la Comisión "nunca tuvo una importancia institucional, porque se creó para satisfacer los intereses de revancha de los opositores frente a los presidentes", y dijo que "hay que recordar la condena a Rojas Pinilla por sus enemigos y que los amigos de Samper perdonaron sus actuaciones".
Pero el catedrático de la Universidad del Rosario Andrés Molano advirtió que "no dejaría de ser inoportuno reformar la Comisión en momentos en que se está desarrollando este tipo de investigación que involucra al ex presidente Uribe".
Uribe recorrerá a Bogotá con Peñalosa
El ex presidente Álvaro Uribe recorrerá las 20 localidades de Bogotá para contar lo que no alcanzó a decir ante la Comisión de Acusación, en la medida en que organizará una serie de foros ciudadanos para responder las preguntas de los ciudadanos por los señalamientos que su gobierno ha recibido en materia de corrupción.
Pero Uribe aprovechará esta oportunidad para meterse de lleno a la campaña por la Alcaldía, por lo que le pidió al presidente del partido de 'la U', Juan Lozano, que también le ayude a organizar recorridos con el candidato del Partido Verde, Enrique Peñalosa.
Por eso, para afianzar el respaldo que Uribe le ofreció a Peñalosa, 'la U' y el Partido Verde ultiman los detalles de un documento para un acuerdo programático que girará en torno a tres puntos: seguridad, movilidad e inversión social.
GOBIERNO DE LOS JUECES
Mario López
La politización de la justicia afecta seriamente la seguridad jurídica, de la que tanto depende un Estado de Derecho.
No es gratuito ni exagerado generalizar bajo el título de esta columna el comportamiento político y no jurídico que se ha advertido en los más altos estrados judiciales de la Nación. Lo más grave de esta situación es que el ejemplo de la actitud política del máximo Tribunal de la justicia ordinaria, como lo es la Corte Suprema de Justicia, tiene necesariamente repercusiones en los diferentes niveles judiciales en detrimento de la justicia como sostén de la convivencia democrática.
Dos causas originaron la disposición política de la alta Corte: de un lado, la rivalidad con el gobierno anterior, porque el ex presidente Uribe estimó como autoridad máxima en materia de tutela contra las sentencias a la Corte Constitucional y no a la Corte Suprema de Justicia, como también el enfrentamiento con el mismo ex presidente Uribe por el juzgamiento de la Corte a los paramilitares como delincuentes comunes con penas más drásticas, y el tratamiento de delincuentes políticos que se les da a los narcoguerrilleros con sanciones penales más benignas. Es curioso, entonces, que en las investigaciones contra la 'Farcpolítica', la Corte Suprema de Justicia no ha proferido fallo alguno condenatorio, mientras que abundan los fallos contra los paramilitares.
La otra causa que ha originado la politización de la Corte Suprema de Justicia son las funciones electorales que la Constitución le ha atribuido, como la fijada en el artículo 249 para elegir al Fiscal General de la Nación y la del artículo 276 cuando le da participación para designar un candidato de la terna que elige al Procurador General de la Nación. Lo que causa disgusto y desconcierto es que la Corte rechaza que se le supriman las funciones electorales en el proyecto de acto legislativo que se prepara con el fin de reformar la justicia, precisamente para alejarla de los vaivenes políticos. Lo inadmisible de la Corte Suprema de Justicia es su rivalidad política con el ex presidente Uribe al demorar injustificadamente más de un año el nombramiento del Fiscal General de la Nación; ahora, cuando el nuevo gobierno cambió la terna e incluyó en ella a una persona de sus afectos, demoró 24 horas en elegirla como Fiscal. A este respecto, no son pocos los comentarios en el sentido de que la Fiscalía es direccionada por el Alto Tribunal.
La certeza y la seguridad jurídicas que tanto requiere un Estado de Derecho son las que resultan seriamente afectadas con la politización de la justicia, que se traduce en opiniones generalizadas sobre la dictadura de la Corte Suprema de Justicia, y en otros tiempos recibía dicha adjetivación la Corte Constitucional. Fallos como el de las pruebas no válidas de los computadores de 'Reyes' para poder exculpar a otro de la 'Farcpolítica', el de Las Delicias que contribuye al déficit fiscal de la Nación y las providencias políticas y sesgadas contra los oficiales que participaron en el rescate del Palacio de Justicia indican claramente que algunos jueces individuales y colegiados hacen de la justicia un instrumento de gobierno que satisfaga sus intereses políticos, bien obedeciendo consignas o siguiendo dudosos propósitos.
Queda por pedirle y rogarle a la Corte Suprema de Justicia, por el bien de la seguridad nacional, que en la revisión y análisis del recurso de reposición presentado por el Señor Procurador de la Nación por el caso Borja, que por lo menos, si no es posible el cambio del fallo absolutorio por aquello del artículo 230 de la Constitución que se refiere al imperio de la ley en sus sentencias, declare los efectos de ese fallo interpartes, y no extensibles o aplicables a otras situaciones en las cuales están involucrados terroristas conforme a las pruebas extraídas de los computadores de 'Reyes'.
EL ESPECTADOR
CONSTITUCIÓN DE HECHO
Por: Alberto Carrasquilla
Queda claro, tras leer las múltiples celebraciones del onomástico constitucional, que este es un país prácticamente desamparado por la autocrítica.
Presenciamos un replay del ánimo juvenil, refrescante y soñador predominante en el debate público hace veinte años. Uno entiende que una nación tan duramente golpeada por todas las violencias se permita la terapia de pintarse pajaritos de oro. Que se permita pensar que cientos de flamantes artículos engendrarían una nación preparada para triunfar en el milenio que asomaba. Que se tragara el cuento de que atrás habría quedado la caverna centralista, apostólica y romana del 86, atrás la perpetuación de la inequidad, la intolerancia y la exclusión y atrás, sobre todo, las “causas objetivas” de nuestras mil violencias.
Lo cierto es que las medidas tradicionales de inequidad son prácticamente idénticas hoy y hace veinte años. Gran parte de la inequidad se explica por el abismo que separa el trabajo formal respecto del trabajo informal y el desempleo, abismo que no ha hecho sino crecer en estos veinte años. La mayoría de los expertos que han estudiado juiciosamente el tema coinciden: el abismo se explica por la barrera proteccionista que la jurisprudencia constitucional ha erguido a favor de los trabajadores y empleados del sector formal, en contra de los informales y los desempleados. No en vano el porcentaje de empleados que reporta ingresos inferiores al salario constitucional pasará la aterradora marca del 50% más temprano que tarde, si es que no lo ha hecho ya. En la Constitución de hecho, la desigualdad no importa.
El número de personas pobres, medido como aquellos con ingresos inferiores a US$2 de paridad al día, fue mayor en 2006 (12.6 millones de personas) que en 1995 (9.3 millones). En China, en contraste, el número de pobres, definidas de idéntica manera, bajó en casi 500 millones de personas entre 1990 y 2005. Gran parte del llamado “Gasto Social” que respalda, en lo práctico, la filosofía del Estado Social de Derecho (ESD) y que debería ser teledirigida a combatir la pobreza, va para las clases pudientes. Según un reveladortrabajo de J. Núñez, la población que goza del 20% de mayores ingresos, se queda con el 44.8% de todos los subsidios que otorga el Estado y esa cifra está subiendo. En contraste, el 20% más pobre termina recibiendo solo el 13.7%. Esto se seguirá profundizando, creo yo, porque a la presunción de gratuidad que tiene la clase media en cuanto a sus pensiones y su educación superior, se le suma la nueva presunción de gratuidad en salud. En la Constitución de hecho, la pobreza no importa.
Cualquier Alcalde o Gobernador del país puede dar fe que el margen de maniobra que le permite la descentralización colombiana en materia de diseñar y proveer bienes públicos locales en educación, salud e infraestructura es limitada y que el Gobierno Nacional es una presencia tan formidable en la definición de la política pública local hoy como hace veinte años. Para muchos en Bogotá, los mandatarios locales elegidos democráticamente son ineptos en lo técnico, venales en lo práctico, o combinan esas dos maldiciones. En la Constitución de hecho, seguimos ranchados en el centralismo y el prejuicio.
Me enorgullecen, como colombiano, muchas sentencias de la Corte en lo atinente a los derechos individuales, en general, y a los derechos de las minorías, en particular. Me enorgullece una Corte que está sacando a patadas al Estado de nuestras alcobas. Pero este orgullo es poca cosa al lado de dos desilusiones. Primero, la Constitución cavernaria que (de hecho) nos rige en lo económico y social. Segundo, el tipo de país que la Carta (de hecho) está cocinando a fuego lento para festejar el aniversario de la Carta (escrita)
LA CONSTITUCIÓN DE 1991 Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
Por: Salomón Kalmanovitz
La constitución de 1991 fue la primera en la historia de Colombia que contó con la participación de todo el espectro político, incluyendo una buena participación de la izquierda.
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¡Se instauró con ella una combinación de reformas liberales (empoderamiento de la justicia y del Banco Central, división geográfica de poderes con algún debilitamiento del ejecutivo), neoliberales (apertura comercial y financiera, privatizaciones) y la tutela, junto con un aumento del tamaño del Estado que financió un mayor gasto social.Hay quienes consideran que el constitucionalismo, por sí mismo, no puede resolver los problemas sociales y critican a los que piensan con el deseo legal. Muestran, para probarlo, cómo se deterioró la distribución del ingreso en estos últimos 20 años. Los aludidos responden que hace falta compromiso con la Constitución que, de darse, la convertiría en realidad.
Creo, de todas maneras, que la constitución fue un pacto social muy superior al de la Constitución de 1886 y que uno de sus logros ha sido deslegitimar la lucha armada, algo que de por sí tiene efectos económicos favorables.
Los factores que han incidido en el deterioro de la distribución del ingreso tienen en su mayor parte un origen político, aunque también hay factores económicos asociados a la apertura comercial y financiera. Me refiero a que el conflicto interno dio lugar al paramilitarismo y éste declaró a los sindicatos como objetivo militar. Los trabajadores sindicalizados son hoy una fracción, sólo 4% de la fuerza de trabajo, de lo que fueran en los años ochenta. Sin capacidad de organizarse, el deterioro de los salarios reales del sector formal ha sido notable. La extrema derecha, que gobernó al país en la primera década del siglo XXI, introdujo reformas que permitieron la contratación indirecta de los trabajadores y que redujeron drásticamente los pagos por las jornadas nocturnas y las horas extras. La reducción de los salarios deterioró ciertamente la distribución del ingreso.
Aunque la apertura comercial pudo producir algún desempleo, más efecto debió tener la revaluación del peso, debida a los hallazgos de petróleo y a las exportaciones mineras. Las dos combinadas han deteriorado la rentabilidad tanto de la industria como de la agricultura, frenando la contratación de nuevos trabajadores.
La apertura financiera agudizó la crisis de 1998-2002 y esta, a su vez, disparó las tasas de desempleo y de informalidad, presionando los salarios del sector informal a la baja. La tasa de desempleo no retornó al nivel de un dígito (en 1996 fue de 7%) ni la informalidad ha descendido por debajo del 50% de la fuerza de trabajo. Detrás de ésta hay enormes presiones demográficas y migratorias que caracterizan a todas las economías latinoamericanas, así que no era de esperar que un cambio de Constitución las revirtiera. Pero la Constitución sí contribuyó a que se frenara la expansión demográfica, gracias a que se educó más a la población, que recibió además asistencia en materia de planificación familiar.
Algo que se me ocurrió recientemente es que la decisión de la Corte Constitucional de legislar subsidios a favor de los deudores de vivienda en 1999 tuvo el efecto de evitar una espiral calamitosa del sector de la construcción y de toda la economía. De esta manera, los magistrados hicieron política contracíclica sin darse cuenta. En fin, al país le fue bastante bien con la Constitución de 1991.
EL ANIMAL SOCIAL
Por: Álvaro Forero Tascón
¿Por qué una buena constitución como la que tenemos no ha influido más el comportamiento de los colombianos?
¿Por qué los recientes escándalos no parecen afectar la opinión favorable de las mayorías con respecto a Álvaro Uribe? ¿Por qué el sufrimiento de las víctimas de la violencia en Colombia no conmueve verdaderamente a las mayorías, y el entusiasmo de ciertos sectores políticos e intelectuales con la Ley de Víctimas no parece tener mucho eco entre los ciudadanos? ¿Por qué la guerra contra las drogas no sólo fracasa sino que el remedio parece producir males peores que la enfermedad?
Estas inquietudes de la última semana de la agenda pública colombiana encierran preguntas eternas sobre la capacidad de las políticas públicas, de las leyes, de los valores, para moldear el comportamiento social de los ciudadanos. Repreguntan ¿por qué políticas bien pensadas no consiguen sus objetivos, por qué a ciertas culturas les cuesta tanto trabajo superar sus traumas? ¿Por qué, si la civilización occidental sostiene que los ciudadanos somos seres racionales, movidos por el sentido común?
Los estudios sobre psicología política, soportados por los de opinión pública, vienen desde hace años apuntando en la dirección de una explicación. Pero ha sido la neurociencia la que en los últimos años ha encontrado la explicación, un descubrimiento histórico que no ha sido reconocido suficientemente hasta ahora.
La explicación ha sido intuida desde siempre, pero negada por la concepción racionalista occidental sobre la que se basa la educación, la economía, la acción del Estado. Freud la planteó hace un siglo pero de manera diferente: que en los seres humanos influye más el inconsciente que el pensamiento racional. Daniel Goleman viene explicándolo magníficamente en sus libros Inteligencia Emocional, e Inteligencia Social. Recientemente se publicó otro libro que sostiene que la neurociencia le da la razón a la Ilustración Inglesa por encima de la Ilustración Francesa, escrito por un gran columnista del New York Times, a quien admiro mucho a pesar de que está a la derecha de mi pensamiento político, porque hace en sus columnas profundas reflexiones sobre el alma norteamericana: David Brooks.
El libro se llama Animal Social: las fuentes escondidas del amor, el carácter y el éxito. En él, Brooks plantea que “primero, las partes inconscientes de la mente son la mayor parte de la mente, en donde muchos de las más impresionantes maravillas del pensamiento suceden. Segundo, la emoción no se opone a la razón; nuestras emociones le asignan valor a cosas que son la base de la razón. Finalmente, no somos individuos que formamos relaciones. Somos animales sociales, profundamente ‘interpenetrados’ entre nosotros, que emergemos de relaciones”.
Según Brooks “al crear políticas basadas en la idea de que los humanos son seres racionales, la gente ignora sus necesidades irracionales e inconscientes a su propio costo”. Sostiene que muchos de nuestros fracasos provienen de una concepción simplista de la naturaleza humana, de “que somos creaturas divididas entre razón, que merece confianza, separada de las emociones, que son sospechosas. La sociedad progresa en la medida en que la razón suprime las pasiones”. Los populistas Latinoamérica.
EL NUEVO SIGLO
DESPLAZADOS, AHORA EN MISIÓN BOGOTÁ
Treinta personas en condición de desplazamiento hacen parte del nuevo grupo de guías de Misión Bogotá, un proyecto de la Secretaría de Desarrollo Económico, que beneficia a personas en condición de vulnerabilidad, en donde podrán además de tener un puesto de trabajo, acceder de forma gratuita a la educación técnica laboral.
“Investimos 30 guías, en ese sentido estamos comprometidos desde la Administración Distrital con el país en apoyar a las personas desplazadas”, manifestó Pedro Rojas, coordinador de Misión Bogotá.
Dándole toda la importancia de ser los nuevos guías de Misión Bogotá, los 30 miembros del programa recibieron los uniformes que los identifica como la cara amable de la ciudad, mediante un evento solemne que se desarrolló en el auditorio de la Biblioteca Nacional, Pedro Rojas destacó en la ceremonia “También investimos a la comunidad indígena y afrodescendiente que residen en la capital”.
Estos nuevos guías tendrán por un año la responsabilidad de promover la convivencia entre los ciudadanos, a través del apoyo que brindan en los diferentes espacios donde laboran estos guías como las estaciones de Transmilenio, Portales, Ferias y eventos donde hay mayor afluencia de público.
A la fecha el Ipes ha contratado 85 personas en condición de desplazamiento como Guías, acercándose a la meta de cien vinculados para el 2011.
Gracias a este programa se benefician personas entre los 18 y los 26 años, de los estratos 1 y 2, quienes pueden acceder al programa dirigiéndose a las instalaciones del Ipes, ubicado en la Calle 19 3 -16 piso 3, donde pueden dejar sus hojas de vida que serán tenidas en cuenta una vez se requiera ampliar los grupos de guías que existen en la capital.
“El proyecto Misión Bogotá, siempre ha estado abierto, siempre estamos recibiendo hojas de vida, y la idea es poder vincular a todas las personas del sector vulnerable, por que además pueden capacitarse en diferentes áreas técnicas laborales que les permita defenderse en el mundo laboral”, dijo Rojas.
REVISTA SEMANA
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ALGUIEN MIENTE
Hace un año, Alfonso Plazas fue sentenciado a treinta años de cárcel por la desaparición de los empleados de la cafetería. En el expediente obra el testimonio de Édgar Villamizar.
La retractación del testigo clave en el caso que condenó a treinta años de cárcel al coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia está generando un revuelo jurídico y político en el país.
Hace un año, el coronel Alfonso Plazas Vega fue condenado a treinta años de cárcel por la desaparición de 11 personas en 1985, en la operación para recuperar el Palacio de Justicia durante la toma del M-19. En su momento, el fallo fue muy controvertido, no solo por las amenazas y presiones que sufrieron la fiscal y la juez del caso, sino porque muchos consideraron injusta una condena tan dura por un episodio de guerra sobre el cual no ha habido y probablemente nunca habrá claridad total sobre qué pasó. A esto se suma que la Procuraduría tomó la decisión de apelar el fallo en segunda instancia.
No obstante, la semana anterior el caso parecía haber dado un giro inesperado. Édgar Villamizar Espinel, un testigo que había incriminado a Plazas y que se había literalmente esfumado, reapareció para denunciar ante la Procuraduría que había sido suplantado, que la declaración suya que reposa en el expediente nunca existió y que, en consecuencia, alguien fabricó el testimonio. De inmediato, el Ministerio Público pidió revocar la condena "por considerar que existe nueva prueba en el proceso".
Según el expediente, el primero de agosto de 2007 Villamizar rindió un testimonio ante Ángela María Buitrago, fiscal delegada ante la Corte Suprema, y el procurador asignado para el caso, Henry Bustos. En presencia, además, de tres funcionarios de la Fiscalía, el testigo afirmó que cuando se dio la toma del Palacio de Justicia hacía parte de una unidad militar que se trasladó desde Meta para apoyar a la Brigada XIII. Aseguró que en esas circunstancias estaba presente cuando el 7 de noviembre un subordinado le preguntó a Plazas qué debían hacer con los sospechosos que el Ejército sacó del Palacio en llamas, y este dijo: "Cuelguen a esos hijueputas", orden que explicaría el trágico destino de los empleados de la cafetería, desaparecidos desde entonces.
Villamizar narró además escenas de tortura ocurridas en la Escuela de Caballería de la Brigada XIII. La declaración se rindió justamente en ese lugar, y todo quedó consignado en un acta de cuatro folios que firmaron los presentes.
La defensa de Plazas Vega alegó reiteradamente que el testimonio no podía ser tenido en cuenta en el juicio por múltiples inconsistencias. Entre estas, que en el acta quedó registrado el nombre de Édgar Villarreal y no Édgar Villamizar, que esta no precisa la fecha de la diligencia y que no hubo posibilidad de que la defensa de Plazas contrainterrogara al testigo. Plazas, incluso, formuló una denuncia contra la fiscal Buitrago para acusarla de fabricar pruebas.
Pero la declaración fue admitida por la juez María Stella Jara. La jurista dijo que si bien es cierto que la obtención y recaudo de la prueba "muestra defectos, como un error en la digitación del nombre del declarante, y en razón a que se practicó sin la participación de la defensa, esos vicios procesales no tienen la capacidad de menoscabar el debido proceso". Fue así como la declaración de Villamizar se consideró válida para el juicio, como una pieza importante, aunque no determinante, dentro del fallo que concluyó que Plazas es "coautor mediato de la conducta de desaparición forzada agravada". Esto significa, en castellano raso, que el coronel habría utilizado su poder de mando para que sus subordinados ejecutaran el crimen.
Por eso, cuando el pasado 23 de mayo quien dice ser Édgar Villamizar Espinel -acreditó su identidad enseñando la cédula nueva y la antigua- se presentó ante la Procuraduría para pedir protección y sostener bajo juramento que nunca antes había declarado en el caso del Palacio de Justicia y que su firma fue falsificada, quedó en el aire la sensación de que se había cometido una enorme injusticia con Plazas.
"Quiero dejar bien claro, y estando libre de presión alguna, y encontrándome en buen estado físico, mental y psicológico, que nunca estuve en ningún operativo en la retoma del Palacio de Justicia. No he tenido nunca trato personal y directo con el señor coronel Alfonso Plazas Vega, tan solo lo conozco a través de la televisión y la prensa, y nunca estuve rindiendo ninguna declaración en la Escuela de Caballería", dijo Villamizar ese día.
La Procuraduría consideró este testimonio como una nueva prueba y la remitió al Tribunal Superior de Bogotá a pesar de que durante la fase de apelación en segunda instancia -y la posterior y eventual revisión de la Corte Suprema de Justicia- no se pueden allegar nuevas pruebas. Aun así, dada la contundencia del testimonio, la Procuraduría, "teniendo claro que no es este el más ortodoxo camino procesal para intervenir", lo envió al Tribunal Superior de Bogotá para que sea "adjuntado" al proceso.
El procurador Alejandro Ordóñez también le envió copia a la fiscal general Viviane Morales, quien anunció que revisará la investigación que se le siguió por dos años a la entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, por la supuesta fabricación de pruebas y que fue archivada por falta de méritos, dado que se encontró que el testimonio que Villamizar rindió en la Escuela de Caballería fue auténtico.
Efectivamente, hay muchos registros oficiales que demuestran que la fiscal no se inventó esa prueba. En otras palabras, que un testigo de nombre Édgar Villamizar rindió declaración en los términos consignados en el acta. Esto queda claro por el hecho de que el 23 de julio de 2007, un agente del CTI contactó a otro investigador para decirle que tenía un testigo para el caso del Palacio. Ese investigador, con dos agentes más, tuvo un encuentro con Villamizar y, al darse cuenta de que poseía información relevante, le pidió que rindiera una declaración ante la Fiscalía, y este dijo que lo pensaría porque le preocupaba su seguridad. Todos estos hechos quedaron registrados en informes oficiales del CTI.
Una semana después, mientras que la fiscal Buitrago, su fiscal auxiliar, el procurador Bustos y varios agentes del CTI realizaban una de las tantas inspecciones en la Escuela de Caballería, el testigo contactó nuevamente a los investigadores del CTI para entregar su declaración. Estos lo trajeron ante la fiscal y lo ingresaron a la guarnición militar en un vehículo autorizado, lo que explica por qué no quedó registro de su entrada. Una vez estuvo ante la fiscal se identificó como Édgar Villamizar Espinel, para lo cual enseñó su cédula. Dijo haber trabajado en el Ejército y en el CTI. Y sobre los hechos del Palacio, rindió la declaración imputadora que ha sido objeto de controversia.
Luego de esto, el testigo aseguró saber el lugar de la Escuela de Caballería donde estaban los restos de los desaparecidos. Condujo hasta allí a la comisión judicial, señaló el punto y dijo que si cavaban, encontrarían una losa de cemento y bajo esta, algunos de los cuerpos.
Con todos estos elementos, terminada la diligencia, la fiscal Buitrago dispuso una serie de misiones para "verificar si las cosas que nos decía Villamizar eran ciertas". Lo primero era establecer si el personaje era auténtico. Para ello se estudió su hoja de vida en el Ministerio de Defensa, en la que se encontró que el currículo de Villamizar coincidía con nombres, fechas y lugares descritos en su declaración. También quedó documentado que efectivamente había trabajado en el CTI de la Fiscalía entre junio de 2001 y abril de 2003. Y en cuanto al punto más delicado, el de la ubicación de los cadáveres, se hicieron excavaciones en el punto señalado por él en la Escuela de Caballería, en donde apareció la placa de cemento, pero no los cuerpos. Esto demostraba que tenía un conocimiento del terreno que no podía ser inventado, pero que había inconsistencias de peso en su declaración. En todo caso, con sus más y sus menos, las autoridades no lo descartaron.
Posteriormente, la Fiscalía intentó que Villamizar ampliara su declaración, como consta en varios registros de los años 2007 y 2008. Estos dan cuenta de que el testigo les manifestaba a los agentes del CTI que no lo hacía porque se sentía atemorizado y acosado. Según él, camionetas polarizadas rondaban su domicilio y alguien había entrado a su casa y se llevó hasta su ropa. Por todo ello, había manifestado en 2008 que "estaba pensando en retractarse de su declaración". Luego, simplemente se esfumó.
Han transcurrido casi cuatro años desde eso, por lo que ha caído como una bomba la noticia de que un hombre que dice llamarse Édgar Villamizar asegura que fue suplantado. La confusión de nombres con la que quedó registrada en el acta (Villarreal en lugar de Villamizar) para los investigadores no es más que un error de digitación, pues todos los otros documentos del proceso en esos años tienen el nombre de Villamizar correcto. A la Procuraduría, la semana pasada, esa persona llegó de la mano de Ricardo Puentes, un personaje dedicado a la defensa mediática de los militares. Puentes contactó al procurador Alejandro Ordóñez para hablarle de Villamizar y su interés por pedir protección y declarar que nunca antes había testificado sobre los hechos del Palacio de Justicia.
Por eso, la primera tarea de la justicia es establecer si este Villamizar y el que declaró hace cuatro años son la misma persona. Esto sucederá en pocos días, cuando los investigadores confronten al personaje de hoy. De cualquier forma, lo que sí parece quedar claro es que en este caso hay versiones contradictorias. Y tanto los argumentos en contra de la suplantación del testigo como los argumentos a favor de esta tienen vacíos que se deberían aclarar. Por ahora, lo único que hay es una duda razonable. Lo cual es muy grave, si se tiene en cuenta que ya hubo condena.
SEA VARON
Por Annika Dalén*
Son necesarias acciones inmediatas de parte de las autoridades para detener los tratos degradantes y discriminatorios contra las personas LGBT en las cárceles.
En el reciente informe sobre la situación de derechos humanos de la población de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LBGT) publicado por Colombia Diversa, uno de los capítulos está dedicado a las cárceles. Los centros penitenciarios colombianos no son ambientes particularmente agradables para nadie, pero para algunas poblaciones la situación es especialmente grave, debido a la discriminación sistemática que enfrentan en la sociedad. Una de estas poblaciones es las personas trans.
El informe relata cómo tanto mujeres trans (hombres biológicos que construyen una identidad femenina) como hombres trans (mujeres biológicas que construyen una identidad masculina) sufren maltratos y discriminaciones en razón a su identidad de género. Mujeres trans quienes en cárceles de hombres son obligadas a cortarse el pelo y les es decomisado su maquillaje, hombres trans quienes en cárceles de mujeres tienen prohibido ingresar prendas masculinas, o estas les son destruidas. Además es común que sufran abusos tanto verbales como físicos por parte de otros internos y de guardias.
Este es el caso de una mujer trans recluida en la cárcel Medina de hombres en Yopal. Constantemente la amenazaron con cortarle el pelo y le quitaron sus artículos femeninos. Fue sometida a burlas y tratos discriminatorios y violentos por parte de la guardia penitenciaria.
Cuando la tutela que interpuso para solicitar la protección de sus derechos llegó a la Corte Constitucional, el tribunal se pronunció a favor de los derechos de la reclusa. Además, reiteró que el aspecto personal no es un asunto estético sino que hace parte de la construcción y ejercicio de la identidad de género de las personas trans y por ende no puede ser coartado. La Corte ordenó al INPEC la reforma de normas reglamentarias para que sean compatibles con la protección a derechos constitucionales de las personas de identidad de género u opción sexual diversas. Esto incluiría temas como el permiso de ingreso de elementos personales que sirvan para construir la identidad de género y la no discriminación de estas personas.
Hasta el momento, sin embargo, pasado el plazo de los cuatro meses establecidos por la Corte, no se ha dado a conocer ninguna acción. Asimismo, las organizaciones sociales no han recibido comunicación alguna para colaborar en un análisis y plan de acción para mejorar la situación de las personas LGBT, a pesar de haberse reunido con representantes del INPEC hace meses.
Son necesarias acciones inmediatas de parte de las autoridades para detener en forma inmediata todos los tratos degradantes y discriminatorios de las personas con identidad de género u opción sexual diversa en las cárceles, pero también hace falta una discusión más amplia.
El sistema carcelario reproduce el sistema sexo-género con una clasificación binaria que nos avoca a ser hombres y mujeres sólo en función del sexo biológico. Las mujeres trans muchas veces tienen un nombre femenino en su cédula, expresan una identidad femenina frente a la sociedad, tienen cuerpos feminizados, intervenidos por hormonas y a veces con cirugías. Sin embargo, sus cédulas dicen “sexo: M”. La cirugía de cambio de sexo, requerida para cambiar el sexo establecido en la cédula, es supremamente costosa y negada sistemáticamente por las EPS. De este modo, la gran mayoría de las personas trans quedan excluidas de ella.
Es necesario corregir los obstáculos estructurales que impiden que la construcción de la identidad de género efectivamente sea una opción. Pero mientras esto sucede, una persona que en todo sentido es mujer menos por una letra en la cédula, ¿realmente debería ser recluida en una cárcel de hombres?